Resumen: La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contractos del Sector Público (LCSP), que entra en vigor el 30 de abril de 2008, modifica sustancialmente la anterior legislación sobre esta materia, que databa del año 2000, para adaptarse a la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
La nueva LCSP no incluye sólo las nuevas directrices comunitarias, sino que cambia por completo la estructura de la normativa anterior, regula la actividad contractual pública desde una definición amplia de su ámbito de aplicación que afecta a todo el sector público, incorpora nuevas figuras para la adjudicación de contratos, apuesta claramente por la contratación electrónica, y permite la introducción de criterios de naturaleza social y medioambiental en las condiciones de ejecución del contrato dando así respuesta a diversos problemas que la experiencia aplicativa de la anterior legislación ha ido poniendo de relieve diversas instancias administrativas, académicas, sociales y empresariales.