Resumen: Las Administraciones Públicas pueden atentar contra el patrimonio del ciudadano, privándole de determinados bienes y derechos por intereses sociales. Para garantizar en estos casos, la lícita intervención administrativa y la integridad patrimonial del particular afectado, apareció en el seno del Derecho Administrativo el instituto de la expropiación forzosa. Su objetivo es asegurar no sólo la verdadera existencia de las causas “sociales” de la privación, sino también la compensación por ésta.
El fundamento de responsabilidad patrimonial de la Administración, está íntimamente ligado al principio de igualdad ante la Ley. A nadie cabe exigir un sacrificio, que vengan a lesionar a su persona y patrimonio, impuesto por actuaciones administrativas, en beneficio e interés de todos. Por lo que, a de ser indemnizado quien sufra estos daños o perjuicios.