Resumen: La sensación de zozobra que siente la víctima de un hecho delictivo es, con frecuencia, difícil de mitigar. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado saben de ello desde el momento en que el/la denunciante se presenta ante la oficina policial demandando su auxilio. Es desde el preciso instante de la recepción de la denuncia cuando, siquiera habiendo empezado a redactarla, comienza un protocolo de actuación encaminado a la averiguación de los hechos y a la transmisión de tranquilidad hacia la víctima, intentando reducir al mínimo sus consecuencias, repararlas y evitar que se extiendan a otras personas, sus hijos por ejemplo.
No obstante si en cualquiera de las víctimas de un hecho delictivo confluyen circunstancias que hacen dudar de acudir al órgano policial para poner los mismos en su conocimiento y su posterior trasvase al apartado judicial, en el contexto de victimización de la mujer ISAI (Mujer inmigrante en situación administrativa irregular), añaden razones que imposibilitan llevar a buen puerto cualquier actuación policial.
Y ello es debido a miedos, temores o represalias, al desconocimiento de la norma, la situación administrativa irregular buscada o sobrevenida de la denunciante o la ignorancia, incluso, de poder llegar a regularizar su situación legal en España si esa colaboración culmina con la desarticulación de la mafia o grupo organizado que, amparados en estas circunstancias que se citan, desarrollan su espectro delictivo con la “tranquilidad” de que sus víctimas no van a denunciarles.
Este artículo pretende ofrecer el marco jurídico para que estas víctimas no duden en denunciar sus precarias situaciones, sabedores que el legislador ha perfeccionado un escenario que protege sobremanera a las mismas, ayudando de esta forma a luchar a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad contra mafias y grupos organizados.