La lucha contra el cambio climático se basa fundamentalmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para contribuir al cumplimiento de los ambiciosos objetivos de reducción de CO2 existe una tecnología que permite capturar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un lugar de almacenamiento y, finalmente, inyectarlo en una formación geológica subterránea adecuada para su confinamiento permanente. Para regular esa actividad y transponer una Directiva comunitaria se ha aprobado la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Además de exponer las características de dicha Ley, este trabajo se centra en los cuatro aspectos claves de la nueva regulación: su ámbito de aplicación (objetivo, subjetivo y temporal); los dos nuevos títulos jurídicos que se exigen para las actividades de investigación y almacenamiento del carbono; la controvertida cuestión competencial; y, por último, la transferencia de responsabilidad al Estado sobre los lugares de almacenamiento de carbono clausurados.