El desafío de garantizar la seguridad pública nos obliga a dar respuesta a numerosas ¿qué bienes y personas debemos proteger y en qué medida?, ¿cuáles son los medios más adecuados para lograr ese propósito?, ¿de qué recursos disponemos para ello?, ¿cuál es la mejor distribución de dichos recursos para asegurar el logro del fin perseguido?, ¿a quién corresponde hacerlo?

Respondiendo a estas preguntas, en el Ministerio del Interior se han establecido una serie de líneas estratégicas de trabajo. Al hacerlo, hemos sido conscientes desde el principio de que las acciones desarrolladas en el ámbito operativo de poco sirven en ocasiones si no hay una adecuación del marco normativo. Por eso, en la Secretaría de Estado de Seguridad hemos orientado nuestro trabajo en dos direcciones: por un lado, estamos poniendo en práctica un amplio conjunto de actuaciones y de medidas de carácter operativo y, por otro, se está impulsando una serie de iniciativas de naturaleza normativa que, junto con las primeras, conforman una simbiosis mediante la que se persigue amparar el delicado equilibrio sobre el que descansa la convivencia en una sociedad tan rica y compleja como la nuestra.

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