La Unión Europea ha establecido con éxito un espacio de libre circulación y residencia del que se benefician los ciudadanos cuando se trasladan de un Estado miembro a otro. El creciente ejercicio del derecho a la libre circulación y la supresión de las fronteras interiores han producido sin embargo un aumento del número de personas que se han convertido en víctimas de un delito penal y que pueden verse involucradas en procesos penales en un Estado miembro distinto al de su residencia. En los últimos años, la Unión europea ha convertido la protección de las víctimas de delitos en una de sus máximas prioridades en el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. La Decisión marco de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal constituyó el primer paso en el proceso de creación de un estatuto jurídico de la víctima y una primera fase en el proceso de armonización de normas en esta materia. Con la adopción de la Directiva 2012/29 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de los delitos, la Unión Europea pretende dar un paso adelante en la protección a dichas víctimas estableciendo un catálogo de derechos más extenso y otorgando a las víctimas una mayor protección.