La tendencia a la globalización, los desplazamientos de grandes masas de personas, así como tantas otras situaciones que provocan un aumento de los flujos migratorios, tienen por resultado que cada vez con más frecuencia muchas personas se encuentren alejadas de su país de origen o residencia. En ocasiones, algunas de esas personas desplazadas son juzgadas y condenadas en el país de acogida, siendo actualmente una tendencia generalizada en los países europeos la sobre-representación de los extranjeros en los sistemas de justicia penal. Actualmente, la población extranjera en las prisiones españolas representa aproximadamente el 30% de la población penitenciaria total. Así, el objetivo de “reeducación y reinserción” consagrado legal y constitucionalmente como fin primordial de la Institución Penitenciaria se ve en ocasiones comprometido, ante la imposibilidad de reinsertar a ciertos grupos de extranjeros que se encuentran en situaciones de desarraigo social, de irregularidad administrativa o son objeto de una orden de expulsión. Por ello, a lo largo de este artículo analizamos las posibles medias repatriativas aplicables en cada caso en aras de fomentar la reinserción social real del extranjero, que por imperativos fácticos y legales se hace sólo posible en muchos casos en el país de origen. A este respecto, las últimas novedades legislativas en materia de traslado de personas condenadas le han dado una renovada importancia al uso de esta medida repatriativa que se presenta hoy como una opción muy útil y adecuada en el marco de la reinserción social de los ciudadanos “comunitarios” que cumplen su condena en algún estado miembro de la Unión Europea distinto al suyo de origen o residencia, por lo que prestaremos especial atención al estudio de esta medida, principalmente en el ámbito penitenciario.