El Tribunal de Justicia de las CE ha tenido ocasión de pronunciarse en un breve lapso de tiempo sobre dos litigios interinstitucionales a propósito de medidas o actuaciones de la UE que se situaban a caballo entre las políticas de desarrollo y seguridad. Al margen de permitirle afianzar una concepción abierta y dinámica de la política comunitaria de cooperación al desarrollo, estas sentencias, sobre cuyo estudio se centra la primera parte de este trabajo, constituyen una nueva manifestación de las tensiones que genera la estructura en pilares de la Unión, especialmente cuando ha de proyectarse hacia el exterior, y de las dificultades que comporta en términos de coherencia a la hora de hacer frente a escenarios complejos. Pero más allá del interés que presenta el análisis de la interacción entre desarrollo y seguridad, estos asuntos invitan a reflexionar también sobre cuestiones de mayor calado constitucional, como la interpretación del artículo 47 del TUE, sobre la que el TJCE se ve obligado a pronunciarse por primera vez en relación con la PESC en uno de estos casos. Cuestiones a las que está dedicada la segunda parte del trabajo y que afectan a la configuración misma de la acción exterior de la UE, tanto en su formato actual como en el venidero tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuyas aportaciones en este terreno no supondrán ni mucho menos un cambio de modelo.