000			03335nab a22001817a 4500
003			ES-MaBCA
005			20130423102403.0
008			120711t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
037			_bCalle de las Eras, 30, B. 28670; tf. 91-6658959
040			_aSpMaBN _bEspañol _cES-MaBCA
100			_93880 _aGonzález Cussac, José Luis
245			_aEl secreto de Estado en el proceso penal _b: entre la denegación de auxilio y el delito de revelación _h[Texto impreso]
260			_aVillaviciosa de Odón, Madrid. _bPlaza y Valdés.
520			_aPueden distinguirse dos clases de solicitud de intervención judicial sobre datos de carácter reservado: en la primera se pide al juez que ordene o convalide la revelación del secreto a efectos principalmente extraprocesales, esto es, que decrete el levantamiento del secreto o la declaración de que su revelación es lícita. En la segunda, se requiere al juez para que obtenga o admita información clasificada a efectos intraprocesales, es decir, se formula una pretensión de utilización de información secreta como prueba en un proceso. Este trabajo se ocupa de esta segunda cuestión. El punto de partida es que no existe parcela alguna de la realidad que no pueda ser investigada conforme a la ley en un proceso judicial por delito. De modo que cualquier actividad declarada secreta puede ser investigada si se aprecian indicios de delito en su gestión, pero respetando las reglas procesales generales que rigen la investigación penal. No es cierto que exista una obligación general para los funcionarios de declarar sobre su conocimiento de actividades, informaciones o materias declaradas formalmente como secretas. Es más, los funcionarios públicos no tienen nunca obligación de declarar sobre los secretos que han conocido por razón de sus cargos, puesto que generalmente pueden acogerse al secreto profesional. Por ello, ninguna consecuencia jurídica puede extraerse de su decisión de no declarar. A pesar de no tener obligación de declarar, si deciden hacerlo no siempre cometen el delito de revelación de secretos, pero tampoco es cierto que en ningún supuesto queden impunes del delito de revelación de secretos. La colisión de deberes que se da en este caso debe ser resuelta analizando los intereses en juego: la necesidad de la declaración para la investigación judicial y la necesidad de salvaguardar los secretos oficiales del Estado. Puede argumentarse también que, junto al recurso a la técnica de la ponderación de intereses, el juez penal carece de competencias para desvelar una materia clasificada legalmente. Al hacerlo, quebrando los procedimientos establecidos para su revisión, invadiría atribuciones que constitucional y legalmente tiene vedadas. Naturalmente, esta interpretación no significa, ni mucho menos, que el secreto de Estado no está sujeto a límites y controles, ni tampoco que su abuso deba quedar impune. En todo caso, los asuntos relacionados con el secreto de Estado integran siempre la categoría de casos difíciles, entre otras razones, por la complejidad y polémica que rodean estos asuntos en un Estado democrático de Derecho.
650			_91657 _aProcedimiento penal
773	0		_aInteligencia y Seguridad _g. -- N. 12 (jul.-dic. 2012) p. 141-160 _iEn : _tInteligencia y Seguridad _w826 _x1887-293X
942			_2udc _cAN
999			_c2987 _d2990